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El fiscal pidió enviar a juicio a los tres imputados por el atentado a Cristina Fernández

Rivolo consideró que la investigación ya se había completado, descartando la existencia de alguna agrupación o tercero que haya brindado asistencia o financiamiento a los imputados. Reclamó que se juzgue a Sabag Montiel por "homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa".

— Agencia Télam

MARTES 30 DE MAYO DE 2023

El fiscal federal Carlos Rivolo pidió este lunes enviar a juicio oral y público a los detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo en la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández, pese a que los abogados de la querella opinaron que "elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y daña el descubrimiento de la verdad". 

Rivolo consideró completa la investigación en relación a los tres detenidos, pero requirió que la causa siga con medidas de prueba destinadas a "comprobar la existencia de otros posibles partícipes y/o autores intelectuales", según el escrito de 197 carillas al que accedió Télam.

Aunque del escrito surge que no se encontraron conexiones con otros eventuales responsables, Rivolo resaltó que la investigación permitió vislumbrar "una extrema violencia política que se ha manifestado en sus diálogos (de los imputados) en relación a la víctima y otros referentes de la vida política argentina, y en los hechos, inequívocamente, hacia Cristina E. Fernández de Kirchner". 

La fiscalía pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti que dé por cerrada la parte de la investigación vinculada al autor material del disparo, Sabag Montiel, a su compañera -ambos como coautores- y a Carrizo, empleador de ambos en el emprendimiento de venta de copos de azúcar, aunque este último como "partícipe secundario". 

La jueza deberá dar vista a las defensas de los tres detenidos y luego resolver si da por cerrada la investigación en relación a ellos y la envía a sorteo de tribunal oral: en esa instancia igual podría disponerse una investigación complementaria. 

La querella ya manifestó su oposición a que la causa sea elevada a la instancia de juicio oral de manera parcial y reclamó que antes concluyan medidas de prueba sobre diferentes pistas, entre ellas la que involucra al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman. 

Los abogados de la vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, aclararon que, "subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral".

La fiscalía entendió que la conducta de los tres acusados fue "premeditada", o sea que idearon "un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta de la Nación"; pero advirtió que no se hallaron elementos como para afirmar que detrás de los autores materiales existieron distintos autores intelectuales. El fiscal sostuvo que el plan criminal se habría comenzado a pergeñar en abril de 2022 cuando Sabag Montiel consiguió la pistola que había sido de un vecino ya fallecido. 

De las conversaciones de whatsapp que lograron reconstruirse surge que los atacantes pensaron hasta en alquilar un departamento desde donde apostar a un francotirador, pero optaron por otra mecánica. 

"De la lectura de la conversación que antecede y del audio enviado por Uliarte surge de forma incontrastable que los imputados tenían intenciones de atentar contra la vicepresidenta en un contexto de reunión con gente afín a ella", señaló el fiscal tras repasar conversaciones. 

Rivolo recordó que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba en la manifestación que esa noche hubo en la puerta de la casa de la vicepresidenta "y le iba relatando en tiempo real los movimientos" de la exmandataria a Uliarte a la espera de dar con "el momento ideal para poder llevar a cabo el hecho". 

De allí surge además que "ambos planeaban cómo llevarlo adelante (el ataque) sin ser descubiertos, evaluando qué es lo que iba a suceder una vez que él disparara el arma", reseñó el fiscal. 

Rivolo remarcó que "corresponde indicar que, más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso". 

Destacó que "tampoco se han hallado elementos relevantes en los entrecruzamientos telefónicos, ni en la geolocalización de los dispositivos" ni en los "movimientos financieros" que apunten a la colaboración de terceros con dinero para el atentado. "La actividad desplegada por los nombrados para llevar a cabo el ataque no requirió -por sus características- de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios", advirtió. 

Dijo que "el día del hecho se trasladaron en transporte público y se aproximaron al lugar como lo habían hecho días anteriores -de a pie- a lo que se sumó la obtención del arma de fuego perteneciente" al vecino fallecido de Sabag Montiel. 

"Con la pistola oculta entre sus ropas, el nombrado se ubicaría entre los seguidores de su víctima, disimulado como uno más, con el objeto de lograr acercarse a ella y ejecutar su designio criminal", reconstruyó.

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