Estrella Moreno Robinson, titular del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, habló en exclusivo con LT9 sobre lo que implica la sanción del nuevo Código Procesal Penal  Juvenil y el rol del Servicio Provincial de la Defensa en relación a las y los menores que estén en conflicto con la ley penal. 

"Este nuevo código le impone a la defensa pública la obligación de defender a los niños, niñas y adolescentes que son llevados ante los jueces juveniles y esto implica que el defensor debe tener conocimientos especializados en los menores, para los menores, para la materia procesal penal juvenil o para la materia juvenil, no solo deben ser conocimientos, debe ser una especialización que incluye una especificidad" subrayó Estrella.

En lo que refiere a los términos prácticos, para poder llevar adelante esta nueva regulación, en cuanto a infraestructura y cantidad de personal para intervenir en los casos, Estrella puntualizó que "el día jueves cuando sabíamos que se iba a votar ese proyecto, solicitamos que se cambiaran los artículos 67 y 68 de la ley", estos artículos establecían el cambio de labor para quienes hasta el momento se desempeñaban como asesores de menores en la defensa de procesos penales, desde el espacio pidieron que estos asesores pasaran a la defensa y por el contrario "los pasaron al ministerio público de la acusación". 

En cuanto a la posibilidad de cumplir con la especialidad, la defensora planteó el siguiente interrogante: "¿Por qué estos asesores que tienen vocación, formación, experiencia y que quieren seguir cumpliendo sus actividades como defensores están en el MPA y no en la defensa?" e hiso mención a que los mismos trabajadores se dirigieron a la Cámara de Diputados solicitando que se respete su derecho a la defensa, e inclusive desde el sindicato pidieron que se respete su derecho a optar si quieren pasar por el MPA o continuar con sus funciones de defensa.

En relación directa con lo que la ley expone, Estrella puntualizó que "esta ley teóricamente es específica para menores, pero lo que nosotros encontramos es que en realidad no protege al menor. Se lleva a juicio a menores que no llegaron a la edad de imputabilidad, sabiendo que no se les puede aplicar pena, que hay que sobreseerlo, igualmente se hace un juicio. Eso está en contra de toda el tratado internacional, de las observaciones del comité de los derechos del niño, puede ser estigmatizante y no se entiende para qué se hace" remarcó.

Finalmente la abogada reflexionó sobre el proceso judicial, "se establece un juicio donde va a estar la víctima presente, en ese juicio se lo trata al menor prácticamente como un adulto y excepcionalmente se podría alojar con un adulto, cosa que es impensable. Nosotros desde la defensa luchamos para que siempre haya igualdad, si esos menores van a ser llevados a un juicio penal, que tengan un defensor especializado, que específicamente trabajen eso, que pueda defenderlo cabalmente para cumplir con nuestra misión y con esa misión asegurar que el sistema de justicia funcione de la mejor manera dando calidad a todo el sistema", concluyó.