El Gobierno comenzó con su plan para bajar la edad de imputabilidad, según la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, podría ser de 14, 13 o incluso 12, "como sucede en Brasil".
La funcionaria reconoció que es un tema que está en agenda para la cartera de Seguridad, entendiendo que "en los delitos gravísimos tiene que haber imputabilidad a la edad que se cometa, si realmente hay consciencia del menor".
Es por eso que "todavía se está discutiendo la edad, si es 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil".
En ese sentido, la Ministra aclaró que también quiere analizar "cómo impactó esa medida en la región", pero que "en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad".
"Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre", agregó sobre la importancia de identificar a los responsables de los delitos.
Sin embargo, Bullrich sostuvo que hay un análisis profundo pendiente teniendo en cuenta que "hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”.
Rosario: el Gobierno puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal
El Gobierno puso en marcha el nuevo Código Procesal Penal Federal en la ciudad de Rosario con la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, conformado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
El acto se llevó adelante con la presencia del Procurador General, Eduardo Casal; la Defensora General, Stella Maris Martínez y el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky. Además, los acompañaron el Subsecretario de Política Criminal, Alberto Nanzer; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El Sistema Acusatorio, cuya implementación fue dispuesta por la Ley 27.150 sancionada en 2015, pone la carga de la investigación en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y brinda a los fiscales las herramientas necesarias para llevar a cabo investigaciones complejas contra la criminalidad organizada.
