El Gobierno nacional implementó cambios en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) que, lejos de simplificar, complican el acceso al cannabis medicinal. 

La Resolución 1780/2025, publicada en el Boletín Oficial, impone requisitos estrictos que podrían dejar fuera a muchos pacientes que dependen del cannabis para tratar sus dolencias.

Entre las principales modificaciones, se destacan la creación de dos grandes grupos de inscripción: por un lado, el cultivo para uso terapéutico, que incluye pacientes autocultivadores, familiares autorizados, terceros cultivadores y organizaciones civiles; y por otro, proyectos de investigación vinculados a la Ley 27.350.

La actualización además de exige que los médicos estén registrados en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS) y cuenten con formación especial, lo que en la práctica puede complejizar el acceso para quienes necesitan indicación médica urgente.

El Gobierno asegura que la medida busca evitar el uso indebido y la comercialización ilegal, muchos usuarios y organizaciones civiles denuncian que estas restricciones terminan penalizando a las y los pacientes, quienes deben enfrentar largos trámites y controles que poco tienen que ver con el derecho a la salud.

La falta de facilidades para el autocultivo y la vigilancia estricta sobre los terceros cultivadores revelan un enfoque más punitivo que terapéutico, que no se condice con la realidad de miles de argentinos que recurren al cannabis para mejorar su calidad de vida.

En definitiva, mientras el discurso oficial promete mayores libertades, la práctica normativa genera nuevas barreras y demuestra una vez más que la salud de los pacientes no es una prioridad para las autoridades nacionales.