En la semana se informó que en un predio de Pozo Borrado se realizaban prácticas de desmonte, que no está permitido, y que más de 30 trabajadores -entre ellos dos menores- estaban en condiciones deplorables. Accionistas de Vicentin figuran como dueños de estas tierras.
En el marco de una investigación de la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, 31 trabajadores rurales -entre ellos dos menores de edad-, fueron rescatados en condiciones de hacinamiento en allanamientos realizados en dos campos ubicados sobre la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, del departamento 9 de Julio, al norte de la provincia de Santa Fe.
De acuerdo a los constatado en los procedimientos, las víctimas vivían bajo precarios toldos de nailon, sin agua potable ni baños, con jornadas de trabajo de diez horas, de lunes a lunes. Dos ciudadanos fueron identificados y quedaron vinculados a la investigación por su presunta participación en los hechos.
Más allá de la difusión de esta investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, el dato que faltaba era saber quiénes son los dueños de estos campos.
Se trata de La Isabelina S.A, cuyos integrantes forman parte del Grupo Vicentín, la agroexportadora concursada desde finales de 2019 y que está siendo investigada por defraudación, entre otros delitos.
Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 22 de julio de 2025, los dueños de La Isabelina son (por asamblea del 23 de junio) Federico Castellarin como presidente y Tomás Nahuel Moschen Padoan como Vicepresidente. Como Directora Titular figuran Carina Leticia Galarza y como Director Suplente Roberto Joaquin Vicentin.
En tanto, Máximo Paduan y Cristian Paduan fueron presdentes de La Isabelina en 2018, y ahora son citado a declarar en la causa en la causa por defraudación de Vicentín, en la investigación que lleva adelante el fiscal Policita
En total son 5354 hectáreas que estaban siendo desmontadas con trabajo esclavo. Fuentes del ministerio de Ambiente de la Provincia confirmaron a LT9 que esta práctica no está permitida por ser bosques nativos, categoría 2, según la Ley de Bosques. Por tal motivo fueron intimados en agosto a que detengan esta práctica, pero en septiembre lo seguían haciendo, hasta que llegó el operativo en el cual descubrieron el trabajo esclavo
Como dato particular, una de las directoras de la firma investigada por trata de personas con fines de explotación laboral era cuidadora de una anciana integrante del grupo empresarial que realizó la mayor estafa de la provincia.
Investigación por trata laboral
El caso se inició el 4 de septiembre pasado, cuando personal de la división Coordinación Contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), notificó a la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela sobre un procedimiento realizado junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en un campo identificado como establecimiento “Santa Ana”, en cercanías de la ruta provincial N°77, en la localidad de Pozo Borrado, a pocos kilómetros con el límite con Santiago del Estero.
Allí, identificaron a 15 personas que realizaban tareas de desmalezamiento, entre ellos dos adolescentes de 17 años. Se constató que vivían en campamentos improvisados, en condiciones de precariedad absoluta, sin agua potable ni baños (solo tenían tachos para hacer sus necesidades) y dormían en el piso sobre mantas o colchones.
Al ser entrevistados por las autoridades, los trabajadores indicaron ser oriundos de la localidad de Los Juríes (Santiago del Estero), contaron que cumplían jornadas laborales de 8 a 18, de lunes a lunes y con salarios de 300 mil pesos por quincena, al cual se les descontaba el valor de la comida.
De esos testimonios surgió que los trabajadores no tenían posibilidad de retirarse del lugar, no contaban con medios de comunicación, varios de ellos no sabían leer ni escribir y otros estaban indocumentados, aspectos que dejaron en evidencia su estado de vulnerabilidad social.
La comisión fiscalizadora luego se trasladó a un campo lindero, identificado como “La Isabellina S.A.”, donde detectó a otro grupo de cinco trabajadores en las mismas condiciones laborales, que residían en tolderías precarias con improvisadas carpas, en condiciones calificadas como “deplorables” por los funcionarios.
La intervención del MPF
Frente a esa situación, desde la Sede Fiscal Descentralizada de Rafaela, el fiscal Onel y los auxiliares fiscales Federico Grimm y Pablo Micheletti, solicitaron al juez de Garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, una orden de registro para constatar las condiciones del lugar y profundizar la investigación.
Así, entre la noche del jueves y la mañana del viernes pasado, personal de la Agencia Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, allanó los establecimientos rurales, requisó los campos y logró rescatar a 31 personas alojadas en las condiciones referidas.
Al mismo tiempo se dio intervención a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Provincia de Santa Fe que, junto a la Municipalidad de la localidad de Tostado, articularon medidas urgentes de contención a las víctimas, para garantizarles alojamiento y alimentación.
Explotación laboral
También se dio intervención a Programa de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, el que proporcionó colaboración para realizar entrevistas a los trabajadores precarizados, abordaje del que participó la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo del fiscal general Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano.
En el marco de los allanamientos, que culminaron el viernes último por la tarde, además de resguardar a todas las personas identificadas como víctimas por la fiscalía, se ordenó el secuestro de teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, y se identificó a dos personas que quedaron sujetas a la investigación, ante la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral.
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