Memoria y derecho a la identidad
Cada 22 de octubre en Argentina se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad -establecido por ley en 2004- en homenaje a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Desde 1977, la organización trabaja para localizar a las hijas e hijos de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, apropiados ilegalmente y privados de conocer su verdadero origen.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado en 1987, es una herramienta esencial en esa tarea. Su base científica permitió restituir hasta hoy la identidad de 140 personas nietos y nietas, al comparar muestras genéticas de familiares con las de posibles nietos y nietas recuperados.
Situación crítica y riesgo institucional
El 22 de mayo de 2025, el gobierno de Javier Milei emitió el Decreto 351, mediante el cual el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) pasó de ser un organismo autónomo y descentralizado a uno desconcentrado, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con el argumento de “reducir el gasto público”.
Sin embargo, la medida implicó recorte presupuestario, falta de actualización de recursos, que los obliga a operar con las mismas partidas desde 2023. Además, la institución estuvo más de un mes sin dirección tras el vencimiento del mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero. La prórroga de su cargo llegó recién después de que Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, presentó un reclamo ante la justicia federal de San Martín.
El decreto fue objeto de rechazo legislativo: en agosto de 2025, durante una sesión maratónica 133 legisladores votaron en contra, mientras que 69 lo apoyaron y hubo 2 abstenciones, lo que evidencia la preocupación de un sector por la autonomía del BNDG y el derecho a la identidad de quienes buscan localizar a sus nietos y nietas apropiados.
El debilitamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos no es solo técnico o administrativo, su existencia está ligada a la reparación de crímenes de lesa humanidad. Garantizar su independencia y funcionamiento es un compromiso con los derechos humanos, la memoria y la justicia de la Argentina.
Autor
