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Convención Reformadora

Balangione sobre el proceso de Reforma: “Con un poco más de tiempo, habríamos arribado a consensos más sólidos”

Jaquelina Balangione, abogada especialista en Derecho Penal y convencional constituyente de “Más para Santa Fe” desde los estudios de la Nueva Nueve analizó la reciente reforma de la Constitución provincial. Destacó la modernización de derechos y cuestionó los cambios en el Poder Judicial y el sistema penitenciario que, a su juicio, podrían afectar la calidad de la justicia y la resocialización de internos.

El debate y la modernización constitucional

A menos de una semana de la jura de la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe, Jaquelina Balangione, abogada especialista en Derecho Penal y convencional constituyente por “Más para Santa Fe”, visitó los estudios de La Nueva Nueve para compartir su mirada sobre el proceso de reforma.

Balangione destacó que las modificaciones en la Carta Magna fueron el resultado de un trabajo intenso, con amplio diálogo de distintos sectores y la elaboración de un proyecto propio, que luego fue presentado y debatido tanto en las comisiones como en el recinto.

“Estuvo a la altura de las circunstancias, todos dimos lo mejor y se logró un buen clima en el debate, pero si hubiésemos tenido un poco más de tiempo, habríamos arribado a consensos más sólidos”, advirtió la especialista.

En este sentido, indicó que la reforma modernizó derechos y rediseñó instituciones, también advirtió que algunos artículos quedaron plasmados “en el apuro del vencimiento de los plazos” y que podrían haberse mejorado. La primera minoría, conformada por su espacio político, logró que se incorporaran detalles importantes en áreas como el Poder Judicial, aunque el dictamen final respondió principalmente a la mayoría abrumadora de la coalición Unidos.

Entre los cambios positivos mencionó la incorporación de derechos y la actualización de las instituciones del Estado, así como la limitación de mandatos para legisladores y la regulación de la reelección de gobernadores y funcionarios, buscando un equilibrio entre continuidad y renovación política.

Poder Judicial y autonomía de los órganos

Uno de los puntos más críticos para la especialista fue el traslado de la Defensa Pública y el Ministerio Público de la Acusación fuera del Poder Judicial, hacia un órgano autónomo independiente de los tres poderes del Estado. Según su análisis, esto afecta a trabajadores que ingresaron mediante concursos públicos y con carreras consolidadas, además, genera conflictos innecesarios y complicaciones administrativas.

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En esta línea, Balangione aseguró que “la verdadera independencia es de la política, del Ejecutivo y del Legislativo. La Corte nunca se metió en nada. Por eso, sacar a estos órganos fuera del Poder Judicial no genera independencia real, sino más trámites y tensiones para los funcionarios”.

También se refirió a los cambios estructurales del Poder Judicial, como el recorte de la edad máxima de los magistrados a 75 años, que la Corte esté integrada por siete miembros y la separación del procurador de la Corte. Si bien reconoció avances en cuanto a la limitación de la intervención política, advirtió que la selección y remoción de jueces, fiscales y defensores sigue teniendo una fuerte impronta del poder político, un aspecto que su espacio trató de moderar durante las negociaciones.

 Sistema penitenciario y resocialización de internos

La especialista no dudó en criticar el modelo penitenciario vigente en Santa Fe, y si bien reconoció no ser abolicionista, sostuvo que “no podemos tener las cárceles que tenemos”.

Señaló que las prisiones no cumplen con la función de resocialización, sino que reproducen violencia y concentran problemas sociales preexistentes, como falta de educación, desnutrición y pobreza en los internos. Explicó que la mayoría de los jóvenes que ingresan por delitos menores terminan vinculándose a redes delictivas dentro de las cárceles, y que los programas educativos son insuficientes frente a la cantidad de internos.

Frente a este complejo escenario de abandono, propuso que las prisiones incluyan educación, trabajo, hábitos de vida y formación personal, en busca de la reinserción social de los internos y en pos de reducir la reincidencia. Además, cuestionó el elevado uso de la prisión preventiva y la falta de políticas efectivas para la violencia de género dentro del ámbito penal.

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“Las cárceles deben servir para que esos pibes que en el 50% de los casos no terminó la primaria, hagan la escuela, se les pongan hábitos de trabajo, hábitos de espiritualidad, cosas que les sirvan en su construcción como persona” subrayó Blangione, y agregó: “No estoy defendiendo el delito, por supuesto, estoy dando una propuesta que la vengo repitiendo desde hace mucho: hay que generar un programa a largo plazo para mejorar nuestra vida social en donde hay tanta inequidad y donde tenemos toda esa gente que generalmente vive en la periferia de las grandes ciudades caída del sistema”. 

Balance final: logros y desafíos pendientes

Si bien la reforma constitucional abrió nuevas posibilidades y modernizó el marco institucional, la especialista dejó en claro que muchos de los cambios dependen de leyes complementarias y de la gestión de los funcionarios para impactar realmente en la vida de la ciudadanía.

Se mostró optimista respecto a algunos avances, como la limitación de mandatos, el juicio por jurado y la autonomía de ciertos órganos, pero insistió en que aspectos centrales del Poder Judicial y del sistema penitenciario requieren atención y mejoras concretas para garantizar derechos y justicia efectiva.

“Se abrieron algunas ventanas, pero podrían haberse abierto más. La reforma es buena, pero todavía queda mucho por hacer para garantizar calidad judicial y seguridad para la ciudadanía”, concluyó.

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