En un contexto de recortes en pensiones, atrasos en los pagos de prestaciones y un sistema de cobertura en emergencia, el sector de la discapacidad atraviesa una de sus peores crisis en décadas. A la situación se suma el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntas coimas en la gestión de fondos, que aún no fue desmentido por el Gobierno y generó indignación entre instituciones, profesionales y familias.
Entre cifras y derechos vulnerados
“En la Argentina hoy existen alrededor de 5,9 millones de personas con discapacidad”, afirmó en exclusivo por la Nueva Nueve Patricio Huerga. La estimación surge de la proyección de los datos oficiales del Censo 2010 y del Censo 2022, que permiten calcular que entre 5,8 y 5,9 millones de habitantes atraviesan alguna limitación o dificultad permanente.
El informe elaborado por Huerga precisa que el Censo 2010 registró un 12,9% de prevalencia en la población con discapacidad -5.114.190 personas- y que, al aplicarle el crecimiento demográfico del 15,2% observado en el Censo 2022, se obtiene una cifra cercana a los 5,9 millones. “Esto sirve para dimensionar la problemática y dejar en claro que no se puede confundir la cantidad de personas con discapacidad con el número de pensiones otorgadas”, advirtió.
Actualmente, hay casi dos millones de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) vigentes en el país, lo que confirma que no todas las personas con discapacidad acceden al trámite. “El certificado es voluntario, lo que garantiza es el acceso a derechos como la cobertura de medicamentos y prestaciones básicas”, explicó.
Un sistema en colapso
Huerga cuestionó el impacto de las auditorías y bajas masivas de pensiones: “Lo han hecho a propósito. Mandan un millón de cartas documento y obligan a la gente a viajar cientos de kilómetros para una revisión. Es una animalada”, denunció.
El exsubsecretario subrayó que el sistema creado por la Ley 24.901, en 1997, garantizó un piso de igualdad en la atención, pero hoy atraviesa un colapso por el atraso de los aranceles y el congelamiento de pagos.
“El sistema es buenísimo. Déjenlo funcionar, mejorenlo si quieren, pero no lo destruyan”, pidió.
La discusión se da en medio de un contexto político marcado por denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. “Es una bomba. Nadie salió a decir que esas coimas no existieron. Y mientras tanto, las instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad están asfixiados”, concluyó Huerga.
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