El gobierno de Javier Milei acelera la redacción de una nueva Ley de Medios que promete abrir uno de los frentes más explosivos de la agenda política y periodística argentina. El proyecto, elaborado bajo reserva en la Casa Rosada, no solo apunta a desregular el mercado audiovisual y de telecomunicaciones: también busca incorporar a periodistas y comunicadores al régimen de Personas Expuestas Políticamente (PEP), una figura legal reservada hasta ahora para funcionarios, jueces y dirigentes con capacidad de decisión estatal.
La iniciativa oficial ya comenzó a generar fuertes repercusiones por el impacto que tendría sobre el ejercicio del periodismo y por las implicancias institucionales de equiparar a trabajadores de prensa con integrantes del poder político.
Qué implica declarar PEP a los periodistas
El punto más sensible del borrador oficial establece que periodistas, conductores y figuras relevantes de medios deberán presentar declaraciones juradas patrimoniales y quedar sometidos a mecanismos de monitoreo sobre sus bienes, ingresos y evolución económica.
Actualmente, el régimen de Personas Expuestas Políticamente alcanza a presidentes, ministros, legisladores, jueces, fiscales y altos cargos estatales, debido al riesgo potencial de corrupción o lavado de dinero asociado a la función pública.
Con la reforma impulsada por Milei, los comunicadores pasarían a integrar ese universo de control financiero.
En términos concretos, esto podría traducirse en:
- Auditorías periódicas sobre patrimonio e ingresos.
- Mayor supervisión bancaria y financiera.
- Obligación de justificar movimientos económicos.
- Reportes automáticos ante operaciones consideradas inusuales.
- Seguimiento de vínculos comerciales y societarios.
El argumento del oficialismo sería avanzar sobre “la transparencia” en el vínculo entre periodistas, pauta, empresarios y estructuras de poder. Sin embargo, desde distintos sectores ya advierten que la medida podría convertirse en una herramienta de presión política y disciplinamiento sobre voces críticas.
Una reforma “libertaria” con fuerte intervención sobre la prensa
La paradoja del proyecto oficial aparece en el doble carril que propone la reforma: mientras impulsa una fuerte liberalización económica del sector audiovisual, simultáneamente endurece el control sobre quienes trabajan en los medios.
La nueva arquitectura legal incluiría:
- Eliminación del esquema actual de licencias audiovisuales.
- Menor capacidad de intervención y fiscalización del ENACOM.
- Apertura total del mercado de telecomunicaciones.
- Fin de cuotas de producción nacional y contenidos locales.
- Desregulación para empresas de medios y plataformas.
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