El Fondo Monetario Internacional volvió a marcarle la cancha a la Argentina en uno de los puntos más sensibles de toda la macroeconomía: la medición de la inflación. En su último informe técnico, el organismo sostuvo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que utiliza el INDEC está “desactualizado” y pidió avanzar hacia una nueva ley que refuerce la independencia del organismo estadístico.
Dicho en términos simples: el Fondo no solo observa los números, sino cómo se construyen esos números. Y ahí aparece el problema de fondo, que no es nuevo, pero sí cada vez más evidente.
El organismo fue más allá y dejó una frase política en clave técnica: la necesidad de que el índice quede protegido por ley para evitar cambios discrecionales. En otras palabras, que no dependa del humor o la decisión de un gobierno de turno.
Hoy el IPC argentino sigue basado en una canasta de consumo que tiene su origen en relevamientos de 2004 y 2005, aunque el propio INDEC ya diseñó una actualización a partir de la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017/2018. Esa nueva canasta incorpora consumos que hace dos décadas eran marginales o directamente inexistentes: internet, plataformas digitales, streaming y servicios asociados a la economía digital.
El problema no es solo técnico, también es político
La actualización del índice no es neutra. Distintos cálculos privados sugieren que un cambio metodológico podría arrojar niveles de inflación más altos, al darle mayor peso a servicios que vienen registrando aumentos sostenidos en los últimos años. Y ahí aparece la razón de la demora en su implementación.
El propio Gobierno postergó la aplicación del nuevo IPC en un año electoral, con el argumento de evitar distorsiones en la lectura de la evolución de precios y su impacto en salarios y expectativas.
En ese marco, el FMI introduce ahora un elemento adicional: no solo cuestiona la vigencia del índice, sino que insiste en una reforma institucional que asegure la autonomía del INDEC y reduzca al mínimo la posibilidad de interferencia política en la producción de estadísticas.
El trasfondo es claro. Para el Fondo, la calidad de los datos no es un detalle técnico, sino una condición básica para evaluar la consistencia del programa económico y la capacidad de pago del país.
La discusión, en definitiva, vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente en la Argentina: la tensión entre la necesidad de contar con estadísticas actualizadas y la conveniencia política de decidir cuándo y cómo se actualizan.
Y como suele ocurrir, el punto de equilibrio entre lo técnico y lo político no es sencillo. Porque en economía, los cambios metodológicos rara vez son inocentes, pero tampoco pueden seguir postergándose indefinidamente.
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